ESPAÑA, LA CRISIS Y LA INFLACIÓN

La stagflación sintetiza la coexistencia de 2 procesos perniciosos para una sana y sostenida actividad económica: una crisis con inflación. Por un lado, la economía está en su fase deprimida. Que se caracteriza por la disminución relativa de la demanda externa y/o externa por los bienes y servicios que nuestra economía produce. A este proceso se une una etapa de crecimiento excesivo de todos o casi todos los precios. Esto deteriora la competitividad de la economía. Y empobrece a las rentas pasivas y a los empleados menos formados. Y nos exige reducir costes de producción a corto plazo, bien por el despido parcial y la reducción de salarios, bien por los estímulos fiscales, bien echando mano parcial y temporalmente al estrecho margen admisible de deterioro de la bondad de los bienes y servicios. Las acciones de formación, innovación e inversión son más profundas y lentas, aunque más eficaces y consistentes.

Historia Contemporánea de la Stagflación.

La “stagnflation” es la combinación de las dos palabras inglesas que resumen esos procesos. Stagnant quiere decir estancado, paralizado, inactivo. La inflación es la subida perniciosa durante un tiempo del nivel general de precios de los productos, materias básicas y servicios de un país. La combinación de ambas desgracias realiza un efecto de corte y de desgarro sobre el tejido económico nacional afectado.

La stagflación surge incipiente y repentinamente en octubre de 1973, cuando la guerra del Yom Kippur. Entre otras medidas de su estrategia total, los países árabes productores suben unilateralmente el precio de su petróleo, multiplicándolo por 10 en los nuevos contratos. El light Arabian o Arabia ligero, un crudo parafínico, era, junto con el ya escaso de Pennsilvania, la referencia en el negocio al mejor crudo del mundo. En su punto de mira estaban los países europeos y los EEUU, simpatizantes con el Estado de Israel. Singularmente estaba Holanda. Las fotos de la época ilustraban a los habitantes de Amsterdam y Roterdam, utilizando sus bicicletas, en respuesta al boicot árabe. A partir de entonces, la Organización de Países Exportadores de Petróleo descubrió su fuerza económica y su poder político de persuasión a nivel global. Y, como ocurre con cualquier “sistema de armas” que se diseña y fabrica, la OPEP nunca renunció a su uso o a su amenaza, en su provecho. Durante más de 2 lustros, con 2 crisis puntuales intermedias, el precio de la energía fue un dogal inmisericorde y férreo en el cuello de todas las economías nacionales, desarrolladas o no.

Tanto fue así, que hubo que hacer amplio uso de los “derechos especiales de giro”. Éstos fueron creados en 1969 por el Fondo Monetario Internacional, para sustituir el empleo del oro como medio de pago en las transacciones internacionales. La finalidad ahora de esos activos fue facilitar créditos blandos a los países en desarrollo, destinados a pagar en divisas fuertes sus compras de petróleo extranjero. Este “oro negro” llegó a ser tan caro y tan condicionante para todos, que se acuñó el término de “petrodólares”. Para significar su importancia y su coste usurero y la exuberante riqueza económica de quienes lo vendían. Como ejemplo recordaremos que sólo en 1977 el Índice del Coste de Vida en España subió un 26,4%, en incremento interanual.

La Crisis.

Explicar que España sufre una fase de depresión económica importante sería algo innecesario y redundante. Pero, ¿por qué en épocas de expansión somos la Meca de todos los desempleados de allende los mares (poco cualificados)? Y, ¿por qué ahora tenemos un 20% de paro? Porque nuestra economía se basa en tres grandes áreas de producción: Atender al turismo y construir casas e infraestructuras son sectores productivos que utilizan proporcionalmente en su actividad mucha mano de obra poco cualificada. Por último, nuestro sector de automoción se sitúa en las últimas fases de la producción: el ensamblaje de los modelos y la producción de piezas. El estudio, la investigación y el diseño de vehículos y de plantas productoras se realizan allende nuestras fronteras.

Y el corregir esta grave deficiencia estructural y básica, social y económica lleva bastante tiempo. Capital productivo o dinero, parece que tenemos. No hay más que ver lo activas que son nuestras grandes empresas, invirtiendo en el extranjero. Pero la formación específica de la gran masa de personas, para dar trabajo a todas, es una labor lenta y paciente. Que tendría que ir unida y estar basada en la educación. Para reaprender el necesario equilibrio entre los deberes y derechos del individuo y de la colectividad; en la unidad y coherencia de una sociedad variopinta; en el esfuerzo como ingrediente imprescindible de la superación y del mérito entre los hombres; en el ahorro de lo superfluo, innecesario o banal como semilla de la riqueza futura, etc.

Varias son las áreas económicas donde hay que actuar para impulsar la economía y llevarla a una fase de expansión sana y sostenida. Para ello se hace necesaria también una comunicación vertebrada veraz, fluida y continua entre el pueblo y los políticos. Éstos dirigen y controlan las administraciones públicas en todos los niveles de actuación. Pero también pueden sesgarlas y dañarlas en grados variables.

La reforma laboral tiene que facilitar la formación continua de los excedentes laborales potenciales y actuales de todas clases. Más de un 33% de nuestros jóvenes no terminan sus estudios medios. Porcentaje que es superior a la media de los países de nuestro entorno. Y sin formación no hay investigaciones básicas y específicas, ni valor añadido en los productos, ni competitividad en los mercados, ni ciudadanos responsables ni exigentes. Hay que supeditar la recepción de subsidios al aprovechamiento en los cursos subvencionados recibidos. Es necesario repartir inteligentemente entre los trabajadores de una empresa sus necesidades de mano de obra: evitando su cierre y el despido total, a cambio de un menor salario, menos horas de trabajo y algunas subvenciones. Los convenios colectivos deben ser flexibles, para adecuarse al mercado cambiante, y establecerse más por tipos de empresas que por grandes sectores. Los trabajadores jóvenes son los que más temporalidad soportan (la mitad de ellos, según el Instituto de la Juventud); y las personas con contratos temporales son las primeras en ser despedidas. Aguantan porque el tejido familiar social tiene en España una raigambre y una resistencia superiores al de otros países del entorno económico. Un 60% de los menores de 30 años vive con los padres, y en la Unión Europea son sólo un 40% del total. Las ayudas oficiales deben concretarse en los colectivos de difícil ubicación: mayores de cierta edad, parados de larga duración, jóvenes poco formados, etc.

La racionalización fiscal debe buscar varias cosas: La reducción de la deuda pública y la limitación de su crecimiento. El pago y la eficaz y óptima administración de los servicios públicos esenciales. Éstos van desde la sanidad y la enseñanza, hasta la defensa y la diplomacia, pasando por la recogida y tratamiento de los residuos, un servicio de administradores eficaces y suficientes, la meteorología y el cuidado y la gestión de los bosques. La homologación fiscal real con los países de nuestro entorno económico. Ésta garantizaría una mayor racionalidad del uso de los recursos públicos (el juego de sus activos y pasivos) y la sostenibilidad en el tiempo. Un parámetro básico para el buen hacer en estas áreas es considerar a los ingresos públicos como: unos bienes escasos y ajenos (de los que hay que dar cuenta), que hay que convertir en servicios y bienes públicos repartidos, eficaces y suficientes. La Administración Pública es juez y parte en la gestión pública. Un país no puede gastar permanentemente por encima de sus posibilidades de recaudación, como función de su actividad económica y de su economía de costes. Éstas son las 2 riendas de la gestión del gasto público universal, productivo y eficaz. De su importancia y de su posibilidad, cuando existe la voluntad política y la urgencia social para ello, dan fe los planes combinados de ajuste e impulso económico presentados en 2011 del presidente Obama. Así, él apuesta por lograr un ahorro de 400 mil millones de dólares en los gastos de su Administración durante 10 ejercicios fiscales, incluyendo los recortes militares. Y lo conseguirá trabajando en aquélla de una forma más racional y eficaz.

El reajuste moderno, científico e innovador de la estructura financiera nacional y sus normas de funcionamiento es un área económica de imprescindible actuación. Recordemos que, todas las 17 crisis estructurales detectadas en los últimos decenios, vinieron precedidas por una “burbuja financiera”. Causada por una “plétora indebida” de concesión de créditos. Y que los intereses gravados a los potenciales “clientes morosos” eran mucho más altos que los aplicados a los créditos estándares. Aquéllos son los que la rentabilidad de sus negocios en época de bonanza está muy cerca de sus costes brutos de explotación. O las personas para las que los pagos de sus hipotecas concedidas, superan el 35-40% de sus ingresos estables en etapas de bonanza. Hay que regular y controlar las prácticas de ingeniería financiera, para aumentar las rentabilidades de los activos mediante los “pelotazos financieros”. El núcleo esencial de su corrosiva actuación es la separación y el alejamiento físicos de las actividades de los prestamistas y sus prestatarios. Esto permite la ocultación y la titulación en cascada de las deudas buenas, regulares y malas, según su riesgo razonable de pagos. E impide el seguimiento y el control sobre los impagos de los prestatarios.

Es necesario terminar la afloración (su aparición en el activo a sus valores de mercado razonables) en los balances de las empresas de los “activos tóxicos” o préstamos y otros activos, ya incobrables o de muy dudosa realización. Hay que recapitalizar las instituciones, especialmente las cajas de ahorros. El capital privado no acudirá a ellas mientras no se saneen sus balances y se reestructuren sus medios productivos. Es necesario reorientar en ellas sus dos actividades: la financiera y la acción social. Sus normas de funcionamiento legal deben impedir que los políticos cercanos participen en las decisiones empresariales. Evitando así la financiación de empresarios regionales, con escasos recursos propios, de empresas públicas innecesarias o inviables, de aeropuertos de escasa rentabilidad, ya en sus proyectos, etc.

La Inflación Asoma sus Orejas.

Estamos asistiendo a la iniciación de un proceso inflacionario. Que se caracteriza por la subida de los precios de las materias primas (singularmente, minerales, petróleo y derivados de los bosques) y de los alimentos. La de éstos está impulsada por la demanda emergente, su empleo en piensos y por algunos fenómenos naturales adversos, como la ola de calor exagerada y duradera que padeció Rusia en el verano de 2010.

Contra los precios crecientes internacionales podemos hacer poco. Tampoco hemos hecho mucho por librarnos de la dependencia del extranjero en el sector energético. Un 70% de la energía consumida es importada. Porcentaje que es muy superior a la media de los países europeos. Prácticamente, todo el petróleo y el gas que consumimos es importado. A pesar de ello, tenemos aversión fóbica a la energía nuclear. No se pueden comparar en seguridad, en desarrollo y en eficiencia, la tecnología soviética de Chernobil, centrada en la reducción de costes en un entorno social opaco y dictatorial, de las tecnologías europeas nucleares modernas. Además, gran parte de la electricidad francesa que recibimos, proviene de sus centrales nucleares junto a los Pirineos. Lo cual es, al menos, un ejercicio de hipocresía y de aveztrusismo reivindicativos.

Nuestro “mix energético”, la cesta ponderada de los recursos energéticos que utilizamos, tiene una huella ambiental grande (gases tipo invernadero) por estar basada en el consumo de biomasa no renovable (combustibles fósiles sólidos, líquidos y gaseosos). No sabemos de ecologistas activistas que estén dispuestos a disminuir su nivel de vida adquirido por usarlos menos (en transportes, electricidad, calefacción, bienes y servicios que los emplean en su producción). Un consumo mayor de energía nuclear reduciría el impacto natural que causamos con esos consumos.

          Los precios de los alimentos están hoy nuevamente en los máximos alcanzados en 2008. Y lejos de los que tenían antes de la crisis alimentaria de entonces. Según un estudio de la FAO, ya en mayo de 2010 los precios estaban un 24% de media por encima de los del año 2006. Y señala también que, como consecuencia de ese encarecimiento, unido a la desaceleración económica, más de 100 millones de personas han sido empujadas a la pobreza y al hambre en el mundo.

          El Banco Central Europeo mantiene sus tipos de interés desusadamente bajos (2%) desde hace bastantes meses. Pero, en enero de 2011, el Sr. Trichet ha avisado de que se mantiene vigilante y que no es de descartar que en unos meses suba el tipo básico del precio del dinero. ¿Por qué se comportan diferentemente la Reserva Federal y el BCE? La razón reside en sus “mandatos” de gestión. La Fed está más orientada a promover el crecimiento económico, que a contener una inflación no exagerada. Una de sus últimas medidas ha sido decidir comprar deuda estadounidense en el mercado secundario. Lo hará por más de 700 mil millones de dólares, a razón de unos 60 mil millones al mes. A Bernanke le conocen sus colegas como el “helicóptero”. Cuando era profesor de universidad, declaró que “él era capaz de tirar billetes verdes desde un helicóptero, si era necesario para estimular la economía”. Por su parte, el BCE tiene un mandato serio para tener la inflación de la Eurozona controlada en valores cercanos al +2% anual. Y España, con un 10% de participación en el PIB europeo, ha llegado al 2,3% en 2010.

El impacto del demonio de la inflación, que empobrece a todo el colectivo social, sobre la economía, que intenta dar trabajo a más personas y crecer, puede ser dramático en los próximos meses. Produciendo, junto con la maldita crisis, un efecto de corte y de desgarro simultáneos en el tejido económico de toda la nación.

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